El expresidente Donald Trump le pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en su disputa con el Departamento de Justicia sobre los registros clasificados que el FBI retiró el pasado mes de agosto de su centro vacacional en Mar-a-Lago.
En una presentación de casi 300 páginas, los abogados del 45° presidente de Estados Unidos pidieron a los jueces que suspendan un fallo anterior de la Corte de Apelaciones del 11° Circuito que permite al Departamento de Justicia continuar usando documentos clasificados en la investigación penal sobre si Trump violó la ley federal relacionada con la custodia de registros gubernamentales.
Te podría interesar
La jueza federal de distrito de Florida, Aileen Cannon, ordenó el nombramiento de un tercero neutral, conocido como maestro especial, para revisar los miles de documentos y determinar si estaban cubiertos por el privilegio abogado-cliente, el privilegio ejecutivo u otras protecciones. La orden del tribunal de apelaciones eliminó los más de 100 documentos clasificados de la pila de revisión del maestro especial.
En su solicitud ante el tribunal superior, los abogados del 45° presidente argumentaron que era esencial que el maestro especial tuviera acceso a los registros clasificados para “determinar si los documentos que llevan marcas de clasificación son de hecho clasificados e, independientemente de la clasificación, si esos registros son registros personales o registros presidenciales”.
“Dado que el presidente Trump tenía autoridad absoluta sobre las decisiones de clasificación durante su presidencia, el estado actual de cualquier documento en disputa no puede determinarse únicamente por referencia a las marcas en ese documento”, afirma la solicitud. El documento agrega que sin la revisión maestra especial, “las opiniones indiscutibles del Departamento de Justicia actual reemplazarían la autoridad establecida del Jefe Ejecutivo”.
El mes pasado, la corte de apelaciones dictaminó que los fiscales federales podían reanudar el manejo de los documentos después de que afirmaron que la retención obstaculizaba la investigación en curso de Trump. Los federales argumentaron con éxito que el gobierno no debería tener que esperar a que el maestro especial, el juez de la corte federal de Brooklyn Raymond Dearie, termine su revisión del caso antes de la fecha límite establecida por Cannon para finales de este otoño.
El equipo legal de Trump había argumentado que se necesitaba a Dearie para separar los archivos que estaban sujetos al privilegio abogado-cliente o al privilegio ejecutivo porque los fiscales federales eran parciales.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos sostuvo que ninguna forma de privilegio era aplicable a la evidencia. La presentación del equipo de Trump irá al juez Clarence Thomas, quien se encarga de las apelaciones que se originan en el 11° Circuito. Thomas puede actuar por su cuenta o, como suele hacerse, remitir la apelación de emergencia al resto del tribunal.
abc