El caso de una joven de 21 años condenada 50 años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo ha vuelto a encender la lucha por los derechos reproductivos en El Salvador.
Un tribunal del país centroamericano decidió aplicar la pena más alta contra Lesly Ramírez, quien a sus 19 años sufrió una emergencia obstétrica que le provocó la pérdida de su bebé.
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La sentencia, según anunció la Fiscalía General el pasado 29 de junio, fue por el delito de homicidio agravado “en perjuicio de su hija recién nacida”.
Organizaciones feministas y de derechos humanos han mostrado su rechazo a esta condena y anunciaron que apelarán el fallo al considerarlo "desproporcionado", pues consideran que refleja el "ensañamiento de la fiscalía contra las mujeres empobrecidas que se enfrentan emergencias de salud durante su embarazo".
Morena Herrera, la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, ha dicho que el caso de Lesly "es la historia de una cadena de injusticias" y de un aparato de gobierno que continúa persiguiendo y criminalizando a las mujeres que pierden embarazos.
Señaló que se trata de la primera vez en la historia que se aplica la pena máxima desde que se penalizó por completo el aborto en El Salvador.
El indignante caso de Lesly Ramírez
La pesadilla de Lesly Ramírez comenzó la noche del 17 de junio de 2020, cuando la tragedia llegó a su vida al sentir un malestar en el vientre. Había comenzado el trabajo de parto sin saberlo. Según el comunicado de la Agrupación Ciudadana, ella sentía ganas de defecar, por lo que fue al inodoro y expulsó la criatura en gestación.
Era la primera vez que atravesaba un embarazo y no entendía bien lo que estaba sucediendo debido a que nunca recibió una educación sexual integral. Según detalló la agrupación en un comunicado, la joven proviene de una familia de escasos recursos que solo subsiste del trabajo agrícola.
Lesly "no tuvo acceso a una educación de calidad, pues tuvo que asumir las tareas del hogar y cuidar a sus cuatro hermanos menores de edad", dado que su familia vive en "situación de pobreza extrema, no tiene acceso a agua potable ni electricidad y no cuenta con una vivienda digna", explicó la organización.
Aquella noche su familia, con la intención de ayudarla, llamó a la policía y la llevaron a un hospital, sin embargo, fue en este punto que comenzarton las violaciones a derechos humanos y al debido proceso de la joven, las cuales finalmente la llevaron a la cárcel.
El embarazo cursaba su quinto mes, según la Fiscalía, pero las organizaciones feministas aseguran que nunca se le hizo un peritaje. El Ministerio Público salvadoreño informó que la condena de Lesly se basó en las pruebas presentadas en el juicio por los fiscales del caso y el dictamen forense, quienes determinaron que la bebé falleció a consecuencia de un "degüello por herida tipo contuso-cortante producido con arma blanca".
Apenas 10 días después, el 26 de junio de 2020, tuvo su primera audiencia, a la cual no pudo asistir porque no se encontraba estable de salud. Lesly había perdido mucha sangre y debían realizarle transfusiones constantemente.
A pesar de su condición y sin ella presente, el juez le dictó prisión preventiva. “El proceso jurídico contra Lesli estuvo lleno de irregularidades y prejuicios, en ese sentido la defensa solicitó anular la etapa de instrucción debido a que el juez no admitió la incorporación de pruebas que demostraban su inocencia”, apuntó la Agrupación Ciudadana.
Entre los elementos que no admitieron, señalaron, se encuentra un peritaje “que evidencia la violencia de género a la que Lesli había sido sometida” y una solicitud para realizarle un estudio psiquiátrico.
De acuerdo con la asociación, el magistrado incluso dio un discurso en el que revictimizó a la joven durante la lectura del fallo: “Las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”, dijo el juez.
Cabe recordar que en agosto de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cerró la puerta a la posibilidad de permitir el aborto terapeútico en un paquete de reformas constitucionales. Bukele dejó claro que jamás propondría ningún tipo de iniciativa que tuviera que ver con el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
En El Salvador, el aborto está prohibido desde 1998 en todos los supuestos, incluso en caso de violación o si existe riesgo para la vida o salud de la madre. Las penas de prisión van desde los seis a los ocho años en caso de un aborto, que se elevan a entre 30 y 40 años por un delito de homicidio agravado en caso de que sea un parto extrahospitalario ocurrido cuando el embarazo supera las 20 semanas, aunque sea involuntario.
bnaj