El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el jueves a las fuerzas de seguridad estatales a aprehender y transportar a migrantes a la frontera con México, asumiendo facultades de los agentes federales encargados de manejar la política migratoria.
El republicano Abbott firmó una orden ejecutiva que autoriza y faculta a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) a llevar a los puertos de entrada a los migrantes indocumentados a los que detengan.
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La medida de Abbott es una expansión significativa de los poderes normales de la Guardia Nacional y la policía estatal, que hasta ahora han entregado a los migrantes a agentes de la Patrulla Fronteriza, y en algunos casos han efectuado arrestos bajo cargos estatales de invasión de propiedad privada.
También genera interrogantes sobre el entrenamiento con que cuentan para detener y transportar a migrantes, y probablemente enfrente impugnaciones en las cortes.
Los cruces ilegales se encuentran en su nivel más alto o cerca de él de las últimas dos décadas. En la frontera de Texas, las autoridades federales impidieron 523 mil cruces ilegales entre enero y mayo, un incremento en comparación con los 417 mil cruces de ese mismo periodo hace un año.
Abbott ha culpado de ello al gobierno del presidente Joe Biden y ha gastado más de 3 mil millones de dólares de fondos estatales en un mecanismo masivo de seguridad fronteriza. Pero la operación estatal no ha detenido el flujo de migrantes.
El republicano sostuvo además que "los cárteles se han envalentonado con las políticas de fronteras abiertas de Biden", mientras que "Texas está tomando medidas sin precedentes para detener esta empresa criminal".
El gobernador hizo el anuncio dos días después de que exfuncionarios del gobierno de Trump y jefes policiales del sur de Texas exhortaron a Abbott a declarar que el estado está siendo invadido y utilizar poderes extraordinarios que normalmente sólo serían aplicables en tiempos de guerra.
Su plan involucra una interpretación novedosa de la Constitución de Estados Unidos para hacer que la Guardia Nacional o la policía estatal envíen por la fuerza a los migrantes a México, sin tomar en cuenta las leyes de inmigración ni los procedimientos policiales.