Desde el año pasado, la administración de Joe Biden dio a conocer las nuevas prioridades de deportación, pero el pasado martes, un juez de distrito dictaminó que el gobierno de Estados Unidos no tiene la facultad ni autoridad para modificar las leyes del Congreso del país, lo que pone en peligro a millones de migrantes que están bajo un proceso expulsión.
El fallo judicial que decidió el juez Michael J. Newman imposibilita al gobierno a modificar o agregar las leyes del Congreso de Estados Unidos en relación a la aprehensión, detención y deportación de extranjeros que radican ilegalmente en el territorio estadounidense.
De esta manera, se ve severamente afectada la Sección 2 del memorando emitido el pasado 30 de septiembre del 2021, publicado por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.
¿Qué proponía el DHS sobre los casos de deportación?
Según se dio a conocer, en dicho memorando, el gobierno de Joe Biden establecía nuevas prioridades de deportación que los oficiales encargados tenían que evaluar e investigar para atender los numerosos casos de deportación.
Con estas medidas, incrementaba las posibilidades de los migrantes a pedir asilo en Estados Unidos o retrasar el proceso de deportación, lo que les ayuda a tener más pruebas para presentar ante las autoridades y evitar su expulsión del país.
Sin embargo, con el fallo judicial estas prioridades indicadas por el gobierno no fueron aprobadas por el juez correspondiente, quien dio respuesta satisfactoria a una demanda presentada por los estados de Arizona, Montana y Ohio.
¿Cuál es la demanda que tramitaron los estados de Arizona, Montana y Ohio?
Los estados de Arizona, Montana y Ohio, gobernados por republicanos, presentaron una demanda con la que alegaban que la administración de Joe Biden había violado la ley al intentar modificar y establecer nuevas prioridades en el proceso de deportación.
De esta manera, argumentaban que los procesos de deportación debían continuar, ya fueran aquellos del pasado o los que actualmente se están llevando a cabo, con el fin de expulsar a los migrantes que no cuentan con papeles para estar en territorio estadounidense.
¿Qué significa el fallo judicial del juez para los migrantes?
Con la decisión tomada por el juez, los funcionarios y agentes del departamento DHS tienen prohibido llevar a cabo las prioridades que se establece en la Sección 2 del memorando.
De esta manera, el gobierno está obligado a continuar con los procesos de deportación pendientes para expulsar a los extranjeros, además de que no tiene la facultad de “autorizar la liberación de, ya sea bajo fianza, supervisión o de otro modo, de un no ciudadano con una orden final de deportación”.
“Esta orden no limita ni impide que el DHS haga cumplir o implemente la orientación permanente en una forma no prohibida en el presente”
“Se aplica a nivel nacional y en todos los lugares, territorio o jurisdicción donde el DHS tiene autoridad para hacer cumplir la guía"
mva