Este lunes se cumplen ocho años de aquel fatídico 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, fueron víctimas de desaparición forzada en un crimen que parece involucrar al Estado, el Ejército y el crimen organizado.
Hasta este día, aún existen preguntas sin resolver sobre la verdad de lo que ocurrió con el caso Ayotzinapa, mientras que los padres y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos siguen en la incertidumbre y sin obtener la justicia que tanto anhelan.
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Sumado a la falta de resultados en la investigación durante todo estos años, ahora el caso sea rodea de una fuerte polémica luego de varias filtraciones a la prensa no autorizadas por los padres de los jóvenes, así como la liberación de decenas de acusados y testigos clave.
¿Qué ha pasado con el caso Ayotzinapa?
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno de México seguió difundiendo la "verdad histórica" del entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam; el cual aseguraba que los estudiantes habían muerto después ser entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, presuntamente liderada por el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca; su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sindonio Casarrubias.
Luego de haber sido privados de la libertad, se dijo que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula para posteriormente arrojar sus restos al Río San Juan. Sin embargo, tras el arresto de Murillo Karam, el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, publicado el 18 de agosto de 2022 por la Secretaría de Gobernación, relató que los hechos ocurrieron de otra manera.
El Informe Ayotzinapa, de cuatro capítulos, describe con mayor precisión que aquel día los estudiantes intentaban llegar a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México y para ello tomaron dos autobuses de la terminal de Iguala. No obstante, fueron interceptados y asegurados por la policía de dicho municipio y otros por la policía de Huitzuco, con quienes iniciaron un enfrentamiento.
Al mismo tiempo, se afirma que esta situación ocurrió en medio de un contexto de confrontación y violencia entre los grupos delictivos Guerreros Unidos y Los Rojos, por lo cual se considera que el destino de los normalistas de Ayotzinapa podría estar relacionado con este conflicto.
Entre los hallazgos más importantes de este nuevo informe destacan:
- La recuperación de un "número importante de restos óseos" que solo han permitido identificar a solo tres de los 43 normalistas desaparecidos: Alexander Mora Venancio, de 19 años; Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 20 años y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
- Que Sidronio 'N' señaló en su declaración que la noche de los hechos a una persona identificada como 'El Indio' le reportó que “no eran estudiantes, que eran Rojos que iban uniformados”.
- La revelación de que el Ejército infiltró en 2012 al soldado Julio César López Patolzin en la Escuela Rural de Ayotzinapa, desde donde informaba lo que ocurría en las asambleas, marchas y posibles vínculos con grupos de la delincuencia organizada. El día de los hechos, Patolzin dio su último informe a sus superiores sobre la toma de autobuses y después desapareció.
- Otro dato que aporta el informe es que el 30 de septiembre, cuatro días después de la desaparición, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió una llamada anónima que aseguró que por lo menos seis estudiantes permanecían con vida y estaban secuestrados en una bodega.
- El saldo de esa madrugada fue de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
Los detenidos y los liberados por el caso Ayotzinapa
Tras la presentación de este informe por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer detenido fue el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien estuvo a cargo de la investigación.
Murillo Karam está acusado de manipular el caso y cerrar la investigación a conveniencia para encubrir a los responsables con la creación de la llamada "verdad histórica", ahora conocida como la "mentira histórica". También es señalado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia durante la investigación.
Por otro lado, un juez federal dictó auto de formal prisión contra un general del Ejército, José Rodríguez Pérez, acusado de haber dado la orden para asesinar a seis de los 43 estudiantes que permanecieron vivos varios días después de la desaparición. Junto con él, están procesados el capitán José Martínez Crespo y el cabo Eduardo Mota Esquivel, a quienes se les vincula directamente con el crimen organizado.
En cambio, el 14 de septiembre, un juez absolvió de los cargos a José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala que estaba imputado por la desaparición de los estudiantes; sin embargo, la Fiscalía logró que se cumpliera una nueva orden de detención por sus vínculos con el cártel Guerreros Unidos.
Asimismo, el diario El País reveló este domingo que los conflictos al interior del gobierno de López Obrador alrededor del caso Ayotzinapa, provocaron que la Fiscalía General de la República (FGR) cancelara por lo menos 21 de las 83 órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de la desaparición.
Además, quien continúa libre y es señalado como uno de los máximos implicados es Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal , quien está acusado de torturar a testigos para obtener declaraciones falsas en torno a la desaparición y quien supuestamente habría escapado a Israel.
bnaj