El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que ya trabaja en el cumplimiento de la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de Vanessa Dib, la joven a quien por negligencia médica le amputaron las piernas, le extirparon el útero y le quitaron un ovario tras un mal diagnóstico en un hospital de Querétaro en 2018.
El organismo difundió este sábado un comunicado en el que detalla que dará a la víctima una compensación económica, independiente de los 88 mil pesos que la institución había ofrecido en un principio como indemnización, un monto con el que la joven afectada no estuvo de acuerdo, pues con ese dinero no podría siquiera comprar una de las dos prótesis que necesita.
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“Me ofrecen 88 mil pesos por la reparación del daño. Yo le pregunto a los médicos, si eso valen sus piernas con gusto se los pago para que me regresen las mías”, dijo la joven a los medios.
La dependencia no aclaró de cuánto sería esta compensación, pero informó que será la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con base en el estándar integral establecido en la Ley General de Víctimas, la que determine el monto económico de dicha medida de reparación.
De acuerdo con el IMSS, además de un pago económico, Vanessa tendrá acceso a los siguientes servicios derivados de la reparación del daño:
- Atención médica, psicológica y/o psiquiátrica.
- Dotación de prótesis y de dispositivos que permitan su desplazamiento.
- Acceso a programas sociales que le otorguen oportunidades de desarrollo.
- Becas para sus hijos.
- Colaboración con el órgano interno de control del IMSS en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que presente la CNDH.
Asimismo, señaló que la resolución incluye la adopción de medidas preventivas, correctivas y disciplinarias para garantizar que estos hechos no vuelvan a repetir, así como una investigación interna de "las probables responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados en los hechos".
La recomendación de la CNDH, emitida el pasado 17 de junio y aceptada por el instituto el 7 de julio, señala que personal médico del Hospital General Regional número 1 (HGR-1), y de la Unidad de Medicina Familiar número 9 (UMF-9), en Querétaro, transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, y dañaron de por vida a una mujer de 27 años por diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico inadecuados.
El caso de Vanessa Dib
En septiembre de 2018, Vanessa acudió a su unidad médica familiar del IMSS debido a que sentía un dolor abdominal muy fuerte, provocado por un dispositivo intrauterino (DIU) mal colocado.
En la consulta recibió un diagnóstico erróneo que terminó por deteriorar su salud, pues el médico que la atendió aseguró que se trataba de una infección en las vías urinarias y colitis, por lo que sin solicitarle estudios de laboratorio previos, le estableció un tratamiento.
Poco después, Vanessa acudió al ginecobstetra del Hospital General Regional 1 del IMSS para que le retiraran el DIU traslocado. En el hospital tampoco le realizaron estudios, radiografías o algún ultrasonido, tan solo procedieron a quitar el dispositivo con unas pinzas.
Luego de la extracción, la joven regresó una vez más quejándose de un dolor lumbar. No obstante, en los médicos solo anotaron como antecedente el retiro del DIU y nuevamente, sin realizarle análisis previos, le diagnosticaron lumbalgia aguda. Le recomendaron cambiar su alimentación, hacer más ejercicio y tomar más agua.
Para el 2 de octubre, la salud de Vanessa había empeorado considerablemente. La joven tuvo que ser ingresada a urgencias tras contraer una grave infección que derivó en tres paros cardiacos y un choque séptico. El último duró cerca de 30 minutos, por lo que tuvieron que realizarle una reanimación asistida.
Su condición era tan delicada que los médicos tuvieron que extirparle el útero, un ovario y finalmente realizar la amputación de ambas piernas para salvarle la vida.
Cabe mencionar que de acuerdo con su abogado, Víctor Herrera, fue hasta que interpusieron una queja por la violación a sus derechos humanos y negligencia ante la CNDH, y otra dentro del órgano administrativo del IMSS, que el instituto finalmente accedió a reparar de manera más justa el daño hecho a la víctima.
Y es que contó que hace tan solo unos días, ningún funcionario del IMSS, ni de la delegación en México ni en Querétaro, se habían puesto en contacto con Vanessa o con su representación legal.
Incluso narró que en una reunión conciliatoria con los cuatro médicos implicados por su participaron negligente, uno de ellos dijo no tener ninguna responsabilidad en lo ocurrido y que, en todo caso, el IMSS y había dado una pensión vitalicia a la víctima, refiriéndose a la cantidad de 2 mil 800 pesos que recibe mensualmente la joven como "compensación" por el daño irreversible.
Vanessa, hoy de 31 años, es madre soltera de dos niños pequeños, se dedica a poner uñas, estudia y vender ropa seminueva, así como dulces afuera de su casa. Antes de que le amputaran las piernas trabajaba en uan fábrica.
bnaj