El expresidente de Estados Unidos Donald Trump intentó apelar a la prerrogativa de privilegio ejecutivo para retrasar la entrega de documentos clasificados que los Archivos Nacionales deben dar al FBI, los cuales fueron encontrados en la mansión que el magnate tiene en Florida.
Los Archivos difundieron este martes una carta firmada por su directora interina, Debra Steidel Wall, enviada el pasado 10 de mayo a Evan Corcoran, abogado de Trump, en la que que el gobierno no reconoce el reclamo del exmandatario de que tiene un privilegio ejecutivo sobre los documentos.
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¿Qué fue lo que pasó?
La agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos recuperó más de 100 documentos que portaban marcas oficiales de estar clasificados, para un total de más de 700 páginas, de las primeras 15 cajas recolectadas este año de la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump.
Las cifras dan una idea del volumen de documentos secretos que el gobierno recuperó meses atrás de la mansión de Trump en Florida, antes del allanamiento que hizo el FBI el 8 de agosto, cuando sacó otras 11 cajas de documentos clasificados.La carta también revela que el FBI está investigando la posible retención ilegal de documentos, así como una posible obstrucción de justicia.
Cuando los Archivos Nacionales informaron al Departamento de Justicia del material, este les pidió que lo pusieran en manos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de otros servicios de inteligencia.
Privilegio ejecutivo
Trump intentó retrasar la fecha de entrega y consiguió en un primer momento que esta pasara de la semana del 18 de abril a la del 29 de ese mismo mes, pero después solicitó una prórroga para comprobar si algunos de esos documentos podrían estar bajo el amparo del privilegio ejecutivo.
Pero la respuesta de los Archivos, divulgada hoy, fue clara: no se le reconocía ese privilegio y no había razón para retrasar más tiempo la entrega al FBI y al resto de servicios de inteligencia implicados.
Trump es investigado por la posible comisión de tres delitos: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos políticos.
abc