“Zar de la Frontera”, Tom Homan, habría obtenido ingresos de empresa beneficiada por detenciones masivas

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Diana Rivero

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Publicado: 27/5/2025 · 12:54 p.m. MX | Actualizado: 27/5/2025 · 12:54 p.m. MX

Tom Homan, conocido como el “Zar de la Frontera” durante la administración de Donald Trump, recibió honorarios de consultoría de una empresa que opera centros de detención para inmigrantes, según una reciente declaración ética federal. El documento detalla que Homan recibió más de 5 mil dólares en pagos por parte de GEO Care, una división del Grupo GEO, una de las compañías más beneficiadas por los contratos de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Este hallazgo ha desatado una ola de críticas por parte de expertos en ética gubernamental, legisladores y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes acusan un posible conflicto de interés entre la labor previa de Homan en el sector privado y su papel como impulsor de la expansión del sistema de detención migratoria bajo la administración de Donald Trump.

GEO Group, beneficiado de la represión migratoria

La empresa GEO Group, junto a su principal competidor CoreCivic, controla la mayoría de los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Según datos de la compañía, al menos 16 de sus instalaciones inactivas están listas para reabrir con nuevos contratos federales. Este año, el gobierno ya ha adjudicado contratos a GEO para reactivar centros de detención en Nueva Jersey y Michigan, con ingresos anuales estimados de 130 millones de dólares.

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David Donahue, director ejecutivo de GEO, calificó estos contratos como una “oportunidad sin precedentes” para expandir sus operaciones, que incluyen además una aerolínea para deportaciones y programas de monitoreo de inmigrantes en libertad. Las acciones del grupo, con sede en Florida, han aumentado un 90 % desde las elecciones presidenciales.

Cuestionamientos éticos y conflicto de intereses

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió a Homan afirmando que cumple con “los más altos estándares éticos” y que se recusará de decisiones relacionadas con contratos futuros. Sin embargo, expertos como Richard Painter, exasesor legal de ética de la Casa Blanca durante el mandato de George W. Bush, consideran que es inaceptable que personas reguladoras hayan trabajado previamente en las industrias que ahora supervisan.

El senador demócrata Dick Durbin, miembro destacado del Comité Judicial del Senado, también expresó su preocupación:

La puerta giratoria del negocio de la detención

El caso de Homan no es aislado. Exfuncionarios de ICE como Matthew Albence, Daniel Bible y Daniel Ragsdale, hoy ejecutivos en GEO, reflejan una “puerta giratoria” entre el gobierno y el lucrativo sector de detención privada. Según Jason Houser, jefe de gabinete de ICE entre 2021 y 2023, “no hay ganancias en las deportaciones, solo en la detención. Y ahí es donde las conexiones privadas generan lucro”.

Por su parte, Jesse Franzblau, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, denunció que este tipo de vínculos demuestra cómo la industria carcelaria privada influye en el uso de recursos públicos y en la formulación de políticas migratorias.

El impulso de la administración de Trump a una política de deportaciones masivas ya se traduce en cifras concretas. La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó un paquete presupuestario de 59 mil millones de dólares destinado a detención y transporte de inmigrantes durante cinco años, superando ampliamente los niveles actuales de financiamiento.

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Diana Rivero

Egresada de la carrera de Comunicación en la UNAM. Redactora de noticias de política, espectáculos, ciencia, salud y tecnología.