Texas plantea prohibir el derecho a fianza a los migrantes indocumentados

El estado de Texas se ha unido a las políticas migratorias estrictas de la administración Trump. Bajo la batuta del gobernador Greg Abbott, la ley SJR1 busca prohibir la fianza para personas indocumentadas que cometan delitos graves en el estado. Su aprobación todavía se encuentra en incógnita.

Hablamos del proyecto impulsado tras la muerte de Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años que fue asesinada en North Houston en junio de 2024, a manos de dos inmigrantes ilegales venezolanos. Ante la imposibilidad del juez John Whitmire por colocar a ambos culpables bajo prisión sin fianza, empezaron a debatirse los límites para esta opción en extranjeros.

La resolución Conjunta Senatorial 1 se encuentra atrapada en el limbo desde hace casi un año. Ante la imposibilidad de obtener los 100 votos necesarios de la Cámara de Representantes de Texas para ser dispuesta a una aprobación, las voces a favor y en contra de esta estricta norma contra la fianza para inmigrantes se hicieron notar.

Una ley que viene y va en Texas

El proyecto de ley ha tenido el infortunio de coincidir con una crisis migratoria donde se han arrestado y expulsado a varios inmigrantes, documentados o no, de Estados Unidos. Es a partir de este argumento que diversos grupos cívicos han argumentado que esta ley provocaría que personas inocentes sean encarceladas con mayor facilidad.

Sin embargo, las voces a favor no dejan de aclarar las intenciones de estas nuevas regulaciones. “Los delitos cometidos por un ciudadano estadounidense no hacen que esa persona sea menos peligrosa”, dijo el representante estatal Terry Canales (demócrata), demócrata de Edinburg, durante el debate del lunes. “¿Quieren ser duros con el crimen? Vamos a negarles a todos la libertad bajo fianza”. Después de la votación del lunes, Greg Abbott aseguró que “todavía hay trabajo por hacer”.

Los votantes tendrán la última palabra

El lunes pasado, la votación de la segunda lectura solo reunió 88 votos de los 100 necesario. Una tercera lectura ha dejado la incógnita de cara al futuro de esta ley, que en caso de ser aprobada no pasará por el gobernador como última instancia, sino por los votantes del estado, que tendrían que definir el “si” o “no” a esta ley.

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