En los últimos años, las autoridades de migración de Estados Unidos han adquirido y utilizado una gran cantidad de datos de localización mediante teléfonos celulares para rastrear en secreto a millones de inmigrantes, así lo confirmó un nuevo informe publicado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).
La documentación obtenida por ACLU demuestra que el Departamento de Seguridad Nacional ha invertido millones de dólares desde 2017 en comprar, sin una orden judicial, los datos de ubicación de los teléfonos celulares de dos compañías telefónicas. Esto, con la finalidad de indagar en los movimientos tanto de ciudadanos estadounidenses como de personas migrantes dentro del país.
Te podría interesar
El reporte reúne una gran cantidad de contratos entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés); el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras divisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para comprar datos de ubicación recopilados por las empresas Venntel y Babel Street.
Los documentos que lo prueban se obtuvieron a través de la Ley de Libertad de Información y sostienen que las autoridades de inmigración han recurrido a aplicaciones y celulares para determinar la ubicación de migrantes indocumentados, principalmente aquellos que están a la espera de una audiencia en tribunales de inmigración para determinar si permanecerán en el país o deben ser deportados.
Anteriormente, en 2020, el diario The Wall Street Journal informó por primera vez que las autoridades migratorias estaban utilizando los datos de ubicación de teléfonos celulares para hacer cumplir con las leyes de inmigración.
En ese momento, el DHS y sus agencias reconocieron haber adquirido el acceso a los datos, pero no detallaron de qué manera hacían uso de ellos para la aplicación de la ley.
Ahora, este nuevo informe revela el periodo de tiempo en el que las agencias implementaron esta práctica y la magnitud de la recopilación de datos, así como la ausencia de límites para evitar que los datos de los estadounidenses sean manipulados en esas búsquedas.
Nathan Wessler, subdirector de ACLU, explicó que es fácil para las fuerzas del orden determinar la identidad de una persona en función de dónde pasa el tiempo.
“Estos registros nos enseñan aún más sobre cómo las agencias federales de la ley y de inmigración están explotando el historial de ubicaciones confidenciales de millones de estadounidenses dentro del país”, dijo a NBC News.
"Se están aprovechando de la falta de protecciones de privacidad en la ley y hacen que todos seamos vulnerables a ser rastreados por capricho de algún empleado del Gobierno", agregó el experto.
Según ACLU, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se dedicó a rastrear el movimiento de personas migrantes a través de la frontera de Estados Unidos y México, aunque no está claro si estos datos eran utilizados para realizar arrestos.
En tanto, El Comité Judicial de la Cámara de Representantes tendrá este martes una audiencia en la cual se examinarán las “redadas digitales” y el acceso del gobierno a la información personal de la población, indicó Aclu.
Con información de NBC News y EFE
bnaj