Entre 2020 y 2021, más de 1,7 millones de personas fueron detenidas en su intento por llegar a los Estados Unidos. Ante el número creciente de cruces, las autoridades implementan el uso de tecnologías para monitorear a las personas que están sujetas a deportación, pero no detenidas.
De acuerdo con un informe del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE): "A partir de agosto de 2020, hay más de 3,3 millones de personas asignadas a la lista de casos no detenidos, muchas de ellas con casos pendientes ante los tribunales de inmigración".
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Aproximadamente el 5% de esta población está sujeta a tres opciones de supervisión, una de ellas es la aplicación para teléfonos inteligentes SmartLINK, utilizada desde 2018 durante la administración de Donald Trump.
La utilización de esta herramienta, según ICE, tiene como finalidad disminuir la cantidad de personas en los centros de detención, reducir costos, y permitir que las personas esperen su audiencia judicial en casa.
¿Cómo funciona?
Las personas no detenidas, pero sujetas a un proceso de deportación, reciben un teléfono que solo sirve para recibir los avisos de las autoridades o verificar el paradero, otras son orilladas a instalar la aplicación en sus teléfonos.
Los teléfonos emitidos por el gobierno no pueden hacer llamadas ni usarse para acceder a Internet, dice ICE, más allá de usar la aplicación para el propósito previsto. A los inmigrantes que tienen sus propios dispositivos se les pide que descarguen la aplicación en sus teléfonos.
Los funcionarios determinan qué nivel de supervisión se requiere y qué tecnología se utilizará caso por caso.
SmartLink es operada por la compañía BI, adquirida por The GEO Group, la empresa de cárceles privadas y centros de salud mental más grande del país. Así es como funciona Smart Link, de acuerdo con información de ICE.
"Utiliza un software de reconocimiento facial para verificar la identidad, captura de puntos de datos de GPS, notificaciones automáticas y recordatorios, mensajes directos con los agentes del caso y los participantes, y una base de datos de servicios de búsqueda".
"Aquellos que no reporten", dice ICE, "están sujetos a arresto y posible deportación".
Los agentes también pueden usar la aplicación para monitorear a las personas sin tener que observarlas físicamente en todo momento, y el GPS en la aplicación controla las ubicaciones de los migrantes para verificar que estén en las ciudades de destino donde les dijeron a los agentes fronterizos que estarían.
No obstante, diversos activistas se han manifestado en contra del almacenamiento de la información por la falta de transparencia de la empresa que la administra.
Temen que este tipo de rastreo vulnere los derechos de las personas al comercializar sus datos o que incluso permita ubicar zonas de migrantes indocumentados para detenerlos.
Asimismo les preocupa la posibilidad de que el gobierno use la información recabada por la aplicación sobre el paradero y los contactos de los inmigrantes para detener a extranjeros sin papeles.