En un caso que ha causado indignación en México y Estados Unidos, 17 campesinos, todos de nacionalidad mexicana, denunciaron haber sido engañados por reclutadores connacionales, quienes al principio les prometieron un trabajo digno en el campo, sin imaginar que serían sus propios paisanos quienes terminarían por esclavizarlos.
La promesa era que cada uno "trabajaría lo justo" y recibirían un sueldo de 13 dólares por hora o más, un ingreso mucho más alto comparado al de su país, donde el salario mínimo es de 8 dólares por día.
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Quienes aceptaron la oferta tuvieron que pagar una "cuota" de entre 20 mil y 50 mil pesos (aproximadamente de mil a dos mil 500 dólares) para que pudieran tramitar y obtener la visa H-2A, la cual otorga el gobierno de Estados Unidos a agricultores extranjeros para emplearse en el país temporalmente. No obstante, esta "cuota" es ilegal.
Cuando los campesinos llegaron al país norteamericano todo cambió abruptamente. Los reclutadores les cobraron por todo lo que en el contrato habían acordado darles gratis o a menor precio, como la alimentación, el alojamiento y el transporte.
Naturalmente, los trabajadores comenzaron a tener deudas y problemas económicos, una situación que sus patrones aprovecharon para explotarlos todavía más. Lo más irónico e increíble, es que los migrantes cayeron en la trampa de un esquema criminal operado también por mexicanos.
La demanda, que ahora permanece en una corte federal del Distrito Medio de Florida, señala que los culpables de esta fraude son el dueño y los supervisores de la empresa Los Villatoro Harvesting LLC, que ofrecían mano de obra a agricultoras de Florida, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte y Georgia.
Durante tres años, esta compañía dio trabajo a cientos de mexicanos con visas H-2A bajo el yugo del mexicano Bladimir Moreno, el propietario de la empresa, así como de sus cómplices Efraín Cabrera Rodas, Alexander Villatoro Moreno, Guadalupe Mendes Mendoza y una persona más que no ha sido identificada que era la encargada de reclutar a los campesinos en México.
Además, la acusación también menciona a la ciudadana estadounidense Christina Gámez, quien fue contadora, gerente y supervisora de Los Villatoro Harvesting LLC entre 2016 y 2017. Fue ella quien admitió haber obligado a los trabajadores a realizar "miles de horas de trabajo agrícola por un salario muy bajo".
Sin pasaporte y en condiciones inhumanas
De acuerdo con los testimonios de los 17 campesinos, los Villatoro les quitaron su pasaporte y los amenazaban con denunciarlos a la policía o al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para evitar que buscaran otro empleo o pidieran ayuda.
Varios de ellos se quedaron meses después de que sus visas de trabajo expiraran debido a que eran escondidos por la empresa. Contaron que los tenían en hoteles y moteles donde hasta seis personas compartían una sola habitación. "Vivían en condiciones de hacinamiento, insalubres y degradantes", según detalla el Departamento de Justicia.
“En noviembre de 2016, en Snow Hill, Carolina del Norte, Bladimir Moreno amenazó a una víctima diciendo que si la víctima intentaba escapar uno de sus familiares acabaría muerto”, dice una de las acusaciones en la denuncia.
Christina Gámez, quien ya se declaró culpable de conspiración federal por extorsión a través de trabajos forzados, admitió que la empresa tomó ventaja porque ellos estaban "desesperados por pagar deudas". Ahora se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal y una multa de hasta 25 mil dólares.
Con información de Univisión
bnaj