Un juez federal en El Paso concedió el jueves la solicitud de la administración de Joe Biden de una orden judicial preliminar para detener una orden ejecutiva emitida por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que tenía como objetivo el transporte de migrantes.
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La orden ejecutiva ya había sido suspendida con una orden de restricción temporal de la jueza de distrito de los Estados Unidos, Kathleen Cardone, que expiraba hoy.
La jueza rechazó el fundamento declarado de Abbott para la orden, que el gobernador afirmó que emitió como una medida de salud pública contra el coronavirus.
"La orden parece hacer poco para proteger la salud pública a pesar de sus supuestas motivaciones", escribió Cardone el jueves.
"Texas no presenta evidencia de que los no ciudadanos que ingresan a los Estados Unidos por la frontera representen un riesgo particular para la salud, tal que restringir su transporte mejoraría la salud y la seguridad".
Cardone dijo que la medida cautelar preliminar estará vigente hasta que el caso se resuelva a fondo.
Sin embargo, la decisión del juez del jueves también prepara el escenario para que Texas busque potencialmente la intervención de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos.
La orden de Abbott, emitida el 28 de julio, ordenó a los policías estatales de Texas detener cualquier vehículo si existe una "sospecha razonable" de que transporta a ciertos migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México y fueron liberados de la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
La medida parecía estar dirigida a las entidades privadas que trabajan con el gobierno federal para transportar a los migrantes después de que hayan sido liberados de la custodia de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia impugnó la orden en el tribunal dos días después, con una demanda que alegaba que la orden era una sustitución ilegal de la ley federal y una violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución.
Cardone, designada por el presidente George W. Bush, dijo que es probable que el Departamento de Justicia tenga éxito en esos argumentos y ha demostrado que permitir que la orden permanezca en vigor conllevaría un riesgo de daño irreparable para el gobierno federal.
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Con información de medios locales.
jos