Los jueces de inmigración tienen que ser "proactivos" al momentos de investigar si un caso de deportación puede ser cerrado, en cuanto a la parte administrativa, de acuerdo con el memorándum el director de la Corte de Inmigración (EOIR), David Neal.
El cierre es una "herramienta valiosa" para quienes se encargan de administrar la justicia migratoria, por lo que el Departamento de Justicia está realizando un reglamento final que “abordará la autoridad de los jueces” para usar el recurso.
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“Los jueces deben familiarizarse con las situaciones en las que el cierre administrativo es apropiado”, dice el documento que ratifica la restauración de un recurso legal que fue eliminado por la política migratoria 'tolerancia cero' de Trump.
En julio, el fiscal general del presidente Joe Biden, Merrick Garland, dio la autoridad a los jueces de inmigración de ordenar el cierre administrativo en algunos casos de deportación, la cual había sido retirada en 2018.
“Mientras avanza la reglamentación y excepto cuando un tribunal de apelaciones haya dictaminado lo contrario, los jueces de inmigración y la Junta (de apelaciones de Inmigración) deben aplicar el estándar para el cierre administrativo establecido”, dice el comunicado.
Según el memorando, “en algunos casos, cuando un demandado (inmigrante puesto en proceso de deportación) solicita el cierre administrativo y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no se opone, generalmente se debe conceder la solicitud y cerrar administrativamente el caso”.
También agrega que el cierre administrativo "es una herramienta de gestión de expedientes que se utiliza para pausar temporalmente” una orden de expulsión.
Esto ayudará a descongestionar los casi 1.5 millones de casos en los tribunales de inmigración.
“Según la jurisprudencia, cuando el DHS solicita que un caso se cierre administrativamente porque un demandado no es una prioridad de deportación (de acuerdo con las prioridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE en inglés) y el demandado no se opone, la solicitud generalmente debe concederse y el caso debe cerrarse administrativamente”, indicó Neal.
Asimismo, se pide a los jueces que envíen órdenes de programación antes de que se lleve a cabo la audiencia.
Con información de Univisión
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amv