El gobierno de Joe Biden está en un debate político sobre la entrega de Green Cards a los inmigrantes que hayan recibido apoyos económicos del gobierno, y ahora el caso llegó hasta la Suprema Corte, quien se encargará de decidir el futuro de la reforma del demócrata.
Hace unos meses, el presidente emitió una orden judicial donde se anunciaba una reforma a la pauta del “Cargo Público”, una regla que define que los extranjeros que puedan considerarse como una “carga económica” para el gobierno a futuro no pueden ser aptos para recibir la ciudadanía.
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Esta regla en realidad existe desde 1999, y analiza la situación económica de los inmigrantes para predecir si a futuro dependerán de los programas públicos en cuestiones económicas, educativas y de salud.
Sin embargo, durante el gobierno de Donald Trump se hizo una reforma en la que se detallaba que cualquier persona no ciudadana que reciba los cheques y apoyos de gobierno por un equivalente de 12 meses durante tres años, no podrá recibir la Green Card.
Esto implicaba que, si en un mes un inmigrante obtenía dos apoyos, contaba por dos meses, haciendo que fuera complicado acceder a un estatus de refugiado o de ciudadano en EU.
Sin embargo, de acuerdo con Univision, la orden de Biden indicaba que el recibir uno de los cheques gubernamentales no volvía a un extranjero como alguien inadmisible, sino que se tomarían en cuenta otras cuestiones.
“El gobierno revisará cada caso y lo analizará en su totalidad de circunstancias. Por lo tanto, cada caso es individual y está a la discreción de un oficial de inmigración”, explicó Armando Olmedo, autor del libro “Inmigración, las nuevas reglas: una guía de Univision”, al medio.
La importancia de la decisión de la Suprema Corte
Cuando se presentó la nueva reforma del gobierno demócrata, varios estados expresaron su oposición al nuevo sistema. Así que Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma, Texas y West Virginia impusieron una demanda contra Biden, para poder revertir o ampararse ante la decisión del presidente.
Y en los próximos días, la corte escuchará los argumentos a favor y en contra para decidir si se reinstaura la ley que se usaba durante la administración de Trump, o se hace válida la nueva propuesta de Joe Biden.
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acmg