Senado avala en lo general reforma para prohibir uso de vapeadores y fentanilo en México

La aprobación de esta reforma llega en medio de una creciente presión internacional, particularmente de Estados Unidos. Donald Trump, presidente electo de ese país, ha lanzado críticas y advertencias contra el gobierno mexicano, exigiendo mayores esfuerzos para detener el tráfico ilícito de fentanilo

Senado avala en lo general reforma para prohibir uso de vapeadores y fentanilo en México
Cuartoscuro

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El Senado de la República Mexicana ha dado un paso significativo en la lucha contra el tráfico de drogas y el uso de sustancias nocivas al aprobar, por mayoría, una reforma constitucional que prohíbe el uso y comercio de vapeadores y fentanilo. Esta decisión, que se tomó en medio de crecientes presiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que México aborde el tráfico ilícito de fentanilo, se traduce en un cambio profundo en la legislación mexicana. Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, el Senado modificó los artículos 4 y 5 de la Constitución para sancionar todas las actividades relacionadas con estas sustancias.

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La reforma se inscribe dentro de un paquete de 20 iniciativas presentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año. La propuesta busca no solo prohibir el uso del fentanilo, una droga sintética que ha causado estragos en la salud pública y seguridad en México y Estados Unidos, sino también regular el comercio de los vapeadores, dispositivos que han ganado popularidad entre los jóvenes.

La senadora Carolina Viggiano, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su apoyo a la lucha contra el fentanilo, pero cuestionó la inclusión de los vapeadores en la misma iniciativa. Argumentó que estos dispositivos deben ser regulados y no prohibidos, similar a cómo se maneja el consumo de alcohol y tabaco. “No tiene que ver una cosa con la otra”, afirmó Viggiano, sugiriendo que la regulación es un enfoque más equilibrado que la prohibición total.

Debate en el Senado

El debate sobre esta reforma fue intenso y evidenció una clara división entre los senadores. Mientras que muchos apoyaron la prohibición del fentanilo debido a su impacto devastador en la sociedad, otros argumentaron que prohibir los vapeadores podría fortalecer el mercado negro. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín planteó un punto crucial: “¿Dónde debe hacerse cargo el Estado de la salud de los ciudadanos?”, sugiriendo que cada individuo debería tener la libertad de decidir sobre su consumo personal.

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Por otro lado, Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), criticó duramente la reforma al señalar que usar la Constitución para abordar un problema estadounidense es inadecuado. “La crisis del fentanilo no es una crisis mexicana; es una crisis gringa”, afirmó Anaya, enfatizando que esta medida podría no ser efectiva para resolver el problema subyacente.

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“Están usando la Constitución para mandarle un mensaje a Donald Trump, porque de hecho la crisis del fentanilo no es una crisis mexicana, es una crisis gringa (...) En qué cabeza cabe que porque este es un problema en Estados Unidos ustedes reformen la Constitución mexicana como si no hubiera otras drogas peligrosas ilícitas”

La reforma establece sanciones severas para cualquier actividad relacionada con cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como para la producción y distribución de sustancias tóxicas. Según el dictamen aprobado, se prohíbe no solo el comercio interno sino también cualquier actividad relacionada con estas sustancias a nivel internacional.

Además, se estipula que el Congreso deberá armonizar las leyes pertinentes dentro de un plazo de 180 días tras la publicación de esta reforma. Las legislaturas locales tendrán un año adicional para realizar las adecuaciones necesarias en sus respectivos marcos legales.

Las reacciones ante esta reforma han sido diversas. Mientras algunos celebran el esfuerzo por proteger a los jóvenes y combatir las drogas sintéticas, otros ven en esta medida un exceso regulatorio que podría llevar a consecuencias no deseadas. La senadora Alejandra Barrales argumentó que esta prohibición podría abrir las puertas al mercado negro, sugiriendo que una regulación adecuada sería más efectiva para controlar el consumo.

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Diana Rivero

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