¿Qué significa la suspensión temporal de la discusión sobre la reforma judicial en México?

Durante el pasado lunes 2 de septiembre del 2024, dos jueces federales en México ordenaron una suspensión temporal para evitar que la reforma al Poder Judicial sea discutida en el pleno de la Cámara de Diputados esta semana, tal como lo había impulsado el Poder Ejecutivo. Por su parte, tamto la bancada del partido mayoritario Morena como el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO,) calificaron la decisión como "imprudente y abusiva," así como "potencialmente inconstitucional," pero, ¿qué significaría dicha suspensión para el avance de la llamada 'reforma judicial'?

¿Qué significaría suspender la discusión de la reforma judicial para su avance?

Dado que el principal cambio de la reforma judicial establece que los jueces y magistrados podrán elegirse mediante el voto popular, dos jueces federales optaron por poner pausa a las discusiones sobre este posible cambio (originalmente programado para debate este martes 3 de septiembre.) Por un lado, destaca la jueza federal por el estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, quien expidió una suspensión de oficio para pausar indefinidamente el debate en el pleno de la Cámara Baja del Congreso mexicano sobre el paquete legislativo.

Lo anterior, implica que dicho proyecto en particular, no podrá ser discutido ni votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura. En tanto, la jueza les otorgó a sus miembros un plazo de 24 horas para informar sobre el cumplimiento de su sentencia. De no ser así, la autoridad tiene la facultad de sancionar a dicho organismo legislativo. Y aunque la bancada de Morena pretende "seguir adelante" con la discusión de la reforma judicial, los conflictos iniciados en este punto podrían dar pie a un reñido juicio político, según los expertos.

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Mientras tanto, un segundo juez federal en el estado de Chiapas, Felipe Consuelo Soto, concedió otra suspensión referente a los debates de la reforma judicial. Ésta, ordena que en el caso de que la legislación sea aprobada en el pleno federal, la reforma no sea enviada a los congresos locales para su discusión ni eventual aprobación. Cabe recordar que en el sistema legislativo vigente, la aprobación de una reforma a la Constitución requiere que tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprueben el texto, pero también, es indispensable que al menos 17 congresos estatales avalen la propuesta. Adicionalmente, el fallo del juez Soto también está relacionado con el amparo impulsado por los jueces, mismo que hasta que no sea resuelto, mantendrá la suspensión vigente.

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