¿Qué es la Ley de Insurrección que Trump amenaza con imponer en LA tras protestas migratorias?

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Diana Rivero

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Publicado: 10/6/2025 · 2:34 p.m. MX | Actualizado: 10/6/2025 · 2:34 p.m. MX

Las protestas en Los Ángeles han alcanzado su cuarto día consecutivo como respuesta a la intensificación de las redadas migratorias ejecutadas por la administración de Donald Trump. El clima de tensión social ha escalado a un nuevo nivel con el reciente despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente, desatando un conflicto legal y político con el estado de California.

Durante el fin de semana, Trump calificó a los manifestantes como “turbas violentas e insurrectas” y defendió su decisión de militarizar la ciudad, pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom. Aunque aún no ha invocado formalmente la Ley de Insurrección, el presidente ha sugerido abiertamente la posibilidad de hacerlo, generando una ola de inquietudes legales y constitucionales.

¿Qué es la Ley de Insurrección?

La Ley de Insurrección fue promulgada en 1807 y otorga al presidente de los Estados Unidos la autoridad para desplegar tropas federales dentro del país con el objetivo de sofocar rebeliones, insurrecciones o disturbios que impidan la aplicación de la ley federal. Esta ley constituye una excepción directa a la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso del ejército en funciones de aplicación de la ley civil.

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Según la normativa, el presidente puede actuar unilateralmente si determina que la violencia impide la ejecución de las leyes federales, o bien, a solicitud del gobernador o de la legislatura de un estado cuando su gobierno se vea sobrepasado.

En palabras del Centro Brennan para la Justicia, esta ley ha sido utilizada en al menos 30 ocasiones, desde la lucha por los derechos civiles hasta los disturbios de Los Ángeles en 1992, cuando el entonces presidente George H. W. Bush envió tropas para contener la violencia tras la absolución de policías involucrados en la golpiza a Rodney King.

La amenaza de Trump

Durante una rueda de prensa, Trump fue cuestionado directamente sobre si estaba dispuesto a invocar la Ley de Insurrección. Respondió ambiguamente: “Depende de si hay o no una insurrección”. Aunque en el momento negó que se estuviera produciendo una insurrección en Los Ángeles, una noche antes, en su red Truth Social, se refirió a los manifestantes como “insurrectos a sueldo”.

Cabe destacar que la ley permite al presidente actuar incluso sin el consentimiento del estado afectado, algo que no ha ocurrido desde la era de Lyndon B. Johnson en los años 60.

Legalidad del despliegue actual

Hasta ahora, Trump no ha invocado la Ley de Insurrección para justificar la presencia militar en Los Ángeles. En cambio, ha recurrido al Título 10 del Código de Estados Unidos, Sección 12406, una disposición menos conocida que permite federalizar a la Guardia Nacional en caso de “rebelión o peligro de rebelión” o cuando las fuerzas regulares no sean suficientes para ejecutar las leyes federales.

Con base en esa norma, Trump ha desplegado a 2.000 soldados de la Guardia Nacional y a 700 marines en servicio activo, algo que ha sido duramente criticado por Newsom, quien anunció una demanda contra la administración federal.

¿Qué pueden y qué no pueden hacer las tropas?

La legalidad del despliegue es ambigua. Mientras el Título 10 permite la movilización, no autoriza a las tropas federales a realizar tareas policiales bajo la Ley Posse Comitatus, a menos que se invoque expresamente la Ley de Insurrección. Sin embargo, hay antecedentes de tropas que, bajo el argumento de “proteger funciones federales”, han terminado involucradas en actividades como control de multitudes o detenciones, acciones que rozan los límites legales.

El hecho de que Trump esté intentando usar el artículo 12406 sin la cobertura explícita de la Ley de Insurrección sugiere un intento por evitar el costo político de invocar una ley impopular, sin renunciar al poder que esta le confiere.

Gobernador de California responde

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó a Donald Trump por actuar de manera autoritaria al utilizar fuerzas militares contra civiles. Afirmó que “pone en riesgo nuestra democracia” y solicitó a la corte que detenga “estas acciones fuera de la ley”.

La norma, aunque legal, fue diseñada para situaciones extremas, como rebeliones armadas o insurrecciones explícitas contra el gobierno. Usarla contra protestas ciudadanas, incluso si estas se tornan violentas, abre un precedente alarmante sobre la militarización de las respuestas a la protesta social.

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Diana Rivero

Egresada de la carrera de Comunicación en la UNAM. Redactora de noticias de política, espectáculos, ciencia, salud y tecnología.