Donald Trump busca cortar todos los lazos federales con Harvard

El gobierno de Donald Trump ha dado un paso sin precedentes al anunciar su intención de romper todos los lazos federales con la Universidad de Harvard, una de las instituciones más prestigiosas del país. La medida incluye la rescisión de contratos por valor de aproximadamente 100 millones de dólares, según fuentes oficiales.

La decisión fue detallada en una carta de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés), la cual será enviada este martes a todas las agencias federales. El documento instruye a los organismos a identificar, revisar y, en la medida de lo posible, cancelar o reasignar los contratos actuales con Harvard, citando razones que incluyen supuestas prácticas discriminatorias, tanto en admisiones como en contrataciones, y una supuesta falta de acción ante casos de acoso a estudiantes judíos.

La carta también invoca el fallo de la Corte Suprema en el caso “Students for Fair Admissions v. Harvard” como prueba de que la universidad no ha respetado los principios de igualdad ni los estándares federales. Reuters, que tuvo acceso a la misiva, confirmó que fue inicialmente revelada por el New York Times.

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Un funcionario del gobierno, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que la fecha límite para que las agencias presenten la lista de contratos a cancelar es el próximo 6 de junio. Aquellos contratos considerados “críticos” serán transferidos a otros proveedores para evitar interrupciones inmediatas en servicios esenciales.

Un ataque directo a la autonomía universitaria

Esta iniciativa forma parte de un patrón más amplio de la administración de Trump para reconfigurar el sistema educativo y de investigación de Estados Unidos, atacando lo que considera bastiones del liberalismo cultural. Desde el mes pasado, el gobierno ha congelado más de 3,200 millones de dólares en subvenciones y contratos federales destinados a Harvard, y ha lanzado intentos legales para restringir su capacidad de matricular estudiantes internacionales.

Trump ha justificado sus acciones en el marco de una supuesta batalla por los derechos civiles y contra el antisemitismo, acusando a Harvard de promover un entorno hostil a los valores estadounidenses. Sin embargo, la universidad ha respondido con fuerza, argumentando que la campaña del gobierno representa un ataque inconstitucional contra su libertad académica y su autonomía institucional.

En su defensa, Harvard ha presentado dos demandas federales: una para recuperar los fondos congelados y otra para restablecer su capacidad de admitir a estudiantes extranjeros, un componente esencial para su operación y prestigio internacional.

Acusaciones de antisemitismo y control ideológico

La administración también ha planteado exigencias controvertidas, como la realización de auditorías ideológicas en el campus y la prohibición del ingreso a estudiantes considerados “hostiles a los valores estadounidenses”. Estas medidas, según expertos legales y defensores de los derechos civiles, podrían violar protecciones constitucionales fundamentales, incluida la Primera Enmienda.

El presidente de Harvard, Alan Garber, criticó duramente las acciones del gobierno en un comunicado reciente, señalando que:

Por su parte, Trump se mantuvo firme en redes sociales, acusando a la universidad de albergar “lunáticos radicalizados y alborotadores” entre su población estudiantil. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó estas afirmaciones al revocar temporalmente la capacidad de Harvard para inscribir estudiantes extranjeros, aunque la medida fue bloqueada por un juez federal tras una demanda de la universidad.

Consecuencias para la educación superior en EEUU

Expertos advierten que la ofensiva contra Harvard podría tener efectos dominó en todo el sistema de educación superior, minando la reputación internacional de las universidades estadounidenses, disuadiendo a estudiantes extranjeros y paralizando investigaciones científicas financiadas por el gobierno.

La audiencia judicial para evaluar la legalidad de las medidas se celebrará este jueves. Mientras tanto, el conflicto entre la Casa Blanca y Harvard marca un punto de inflexión en la relación entre el poder ejecutivo y las instituciones educativas del país.

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