El presidente Joe Biden firmó un decreto este martes para facilitar el flujo de información a las familias de estadounidenses cautivos en el exterior y sancionar a los criminales, terroristas o funcionarios que los mantienen en cautiverio para ser utilizados como moneda de cambio.
El decreto implica mejorar el apoyo a sus familias y autoriza imponer sanciones financieras a aquellos que estén implicados directa o indirectamente, en secuestros o "detenciones injustas".
"Esta orden ejecutiva está fundamentada en nuestras conversaciones con las familias (...) que han llevado a cabo increíbles esfuerzos en representación de sus seres queridos", explicó la Casa Blanca.
El decreto se basa en una sección de la Ley Robert Levinson de Recuperación de Rehenes —así llamada por un agente retirado del FBI que desapareció en Irán hace 15 años y se presume que ha muerto— que autoriza al presidente a imponer revocaciones de visas y otras sanciones a personas que se cree están implicadas en la detención ilegal de estadounidenses.
En este caso, dijeron las fuentes, esto podría aplicarse a los funcionarios de gobierno o criminales o terroristas que no forman parte de un gobierno.
Nuevo indicador
Washington ha introducido también un nuevo indicador, llamado "D", para los países con alto riesgo de que los gobiernos detengan a estadounidenses. Y ha comenzado a señalar el dedo acusador contra seis: Venezuela, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Birmania.
En Venezuela, gobernada por el presidente Nicolás Maduro y actualmente bajo sanciones, se tiene constancia de 11 estadounidenses detenidos.
Caracas acusa a Estados Unidos de querer atentar contra instalaciones básicas y derrocar a Maduro, a quien Washington no reconoce en el cargo por considerar fraudulenta su reelección en 2018 y por el contrario considera presidente interino al líder opositor Juan Guaidó.
El indicador "D" se añade al "K", que ya cubre el riesgo de secuestro y toma de rehenes por parte de actores no estatales.