El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves el nombramiento de Ketanji Brown Jackson, elegida por el presidente Joe Biden para el Tribunal Supremo y que se convierte en la primera mujer afroamericana en llegar a la máxima corte en sus 232 años de historia.
Jackson, una jueza de apelaciones de 51 años, con nueve años de experiencia en un tribunal federal, fue confirmada con 53 votos a favor: los 50 demócratas y 3 republicanos moderados (Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Mitt Romney de Utah). Los otros 47 senadores republicanos votaron en contra.
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La vicepresidenta Kamala Harris, también la primera mujer negra en alcanzar ese cargo, presidió la sesión. Harris leyó los resultados de la votación con una sonrisa y automáticamente el hemiciclo estalló en aplausos.
"Este es un día maravilloso, un día alegre, un día inspirador, para el Senado, para la Corte Suprema y para Estados Unidos", expresó el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.
"Este hito debería haber ocurrido hace generaciones (...) Pero Estados Unidos hoy está dando un paso gigantesco para hacer que nuestra unión sea más perfecta", agregó.
Según informó la Casa Blanca, Jackson estuvo viendo la votación junto a Joe Biden desde la sala Roosevelt en la Casa Blanca y se abrazaron al saber el resultado.
Jackson ocupará su puesto cuando el juez Stephen Breyer se jubile este verano, consolidando el ala liberal de la corte dominada por conservadores 6-3.
Será apenas el tercer integrante negro del máximo tribunal, después de Thurgood Marshall y Clarence Thomas, y la sexta mujer. Se unirá a otras tres mujeres — Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Amy Coney Barrett — lo que significa que cuatro de los nueve jueces serán mujeres por primera vez en la historia.
Tiene una experiencia diferente a la del resto de magistrados. Por ejemplo, será la primera jueza con experiencia como abogada de oficio para personas con pocos recursos.
Hija de maestros de escuela pública, Jackson también trabajó en la Comisión de Sentencias de EU para reducir las penas de la mayoría de delitos federales de narcotráfico, incluidas las de cocaína en "crack", algo que permitió liberar al menos 1.800 presos y acortar las sentencias de unos 12 mil.