La Casa Blanca ha nombrado como ataque terrorista doméstico a los disturbios ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos el pasado enero. Como respuesta a esto la administración del presidente Joe Biden ha creado y publicado este martes la primera estrategia nacional para combatir ataques terroristas domésticos, con el objetivo de proteger a la nación y las libertades civiles de los ciudadanos.
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Tras una revisión, se declaró que las amenazas más peligrosas vienen de supremacistas blancos, así como de los radicales que están en contra del gobierno.
Esto se ha dado tras un desmedido número de personas que fueron arrestadas durante el ataque ocurrido en el Capitolio el pasado 6 de enero, la mayoría de ellos eran personal militar activos o veteranos, así como miles de seguidores de Donald Trump quienes descendieron en el congreso en medio de tiroteos masivos, que también tuvieron lugar en Pittsburgh y en El Paso, Texas, como parte de una de las mayores tragedias en la historia.
La estrategia está compuesta por cuatro pilares: mejorar el análisis e información compartida entre agencias; prevenir el reclutamiento y movilización a la violencia, incluyendo a grupos que esparcen odio mediante internet; alterar y disuadir terrorismo; abordar a largo plazo factores como el racismo y el uso de armas.
El plan incluye $100 millones de dólares que irán dirigidos al Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, así como para analistas, investigadores y fiscales. "De manera adicional, el Departamento de la Defensa está incorporando capacitación para los miembros del servicio jubilados en el ejército, quienes potencialmente eran el blanco de quienes buscaban radicalizarlos" dijo uno de los administradores oficiales.
Juntos debemos afirmar que el terrorismo domético no tiene lugar en nuestra sociedad, comentó el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland
El terrorismo doméstico es definido como actividades que incluyen actos peligrosos y atentan contra la vida humana, son una violación a las leyes penales de los Estados Unidos o cualquier estado, tener la intención de intimidar o coaccionar a la población civil, influir en la política del gobierno mediante intimidación y/o afectar la conducta de un gobierno por una destrucción masiva, asesinato o secuestro.
AMV